La promulgación de la Ley 21.595 sobre delitos económicos y medioambientales ha redefinido el marco legal de la responsabilidad penal empresarial en Chile. Esta normativa introduce modificaciones cruciales a la Ley 20.393, ampliando el catálogo de delitos y endureciendo las sanciones para ejecutivos y directores, quienes ahora enfrentan una mayor exposición a consecuencias legales directas.
Cambio de paradigma en la responsabilidad penal empresarial
Desde la entrada en vigor de la Ley 20.393 en 2009, el sistema de responsabilidad penal de las empresas ha evolucionado significativamente. Sin embargo, con la promulgación de la Ley 21.595 en agosto de 2023, el panorama cambió radicalmente. Esta nueva regulación amplía el espectro de delitos por los cuales las empresas y sus líderes pueden ser responsabilizados, incluyendo infracciones financieras, delitos medioambientales y corrupción, entre otros.
“Uno de los cambios más significativos es la incorporación de un enfoque más estricto sobre la responsabilidad individual de los altos ejecutivos y directores”, explica el abogado Paulo García Huidobro, gerente general de Ciberconsulting. La normativa establece que, ante la ocurrencia de un delito en el contexto empresarial, los primeros en responder legalmente serán quienes ocupen posiciones de liderazgo. Esto implica que CEO, gerentes generales y directores podrían enfrentar sanciones severas, incluyendo penas de cárcel y multas millonarias.
Las claves de la nueva legislación que los líderes empresariales deben conocer
Ampliación del catálogo de delitos: La ley ahora incluye delitos tributarios, medioambientales, de financiamiento ilícito y fraudes corporativos, entre otros.
Sanciones más severas: Se establecen penas de prisión para ejecutivos, multas sustanciales para las empresas y la posible disolución de la persona jurídica en casos graves.
Nueva exigencia en modelos de prevención: Las compañías deben demostrar que cuentan con planes de compliance robustos y efectivos para mitigar el riesgo de cometer delitos.
Responsabilidad extendida a toda la cadena de valor: No solo la empresa, sino también sus proveedores y socios estratégicos pueden ser objeto de sanciones si están involucrados en prácticas ilícitas.
¿Cómo mitigar los riesgos? La urgencia de un plan de compliance integral
Ante este escenario, las empresas deben adoptar un enfoque preventivo para evitar sanciones y preservar su reputación. Implementar un programa de compliance sólido ya no es una opción, sino una necesidad urgente.
“La nueva ley marca un antes y un después en la cultura empresarial chilena. Los líderes deben comprender que ya no basta con una declaración de principios; ahora es imprescindible contar con un sistema de prevención del delito que realmente funcione”. Sostiene Paulo García Huidobro, abogado y gerente general de Ciberconsulting.
Recomendaciones para implementar un programa de compliance efectivo:
Evaluación de riesgos: Identificar los delitos más relevantes para la industria y diseñar estrategias de mitigación.
Capacitación constante: Formar a los colaboradores en ética y cumplimiento normativo.
Canales de denuncia seguros: Facilitar mecanismos anónimos y efectivos para reportar irregularidades.
Monitoreo y actualización: Revisar periódicamente el plan de compliance y adaptarlo a los cambios normativos.